VALENCIA ESTIMA QUE DEJARá DE INGRESAR 7.700 MILLONES HASTA 2030 SI NO AMPLíA SU AEROPUERTO
La posible saturación del aeropuerto de la tercera ciudad de España, Valencia, que este año superará los 10,5 millones de pasajeros en que se sitúa su capacidad actual, ha encendido todas las alarmas en la capital valenciana. Hasta el punto que según un estudio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana si no se amplía la infraestructura la podrían dejarse de ingresar 7.700 millones de euros fundamentalmente de gasto turístico hasta 2030.
El informe considera que con la tendencia actual, el tráfico del aeropuerto de Manises podría alcanzar en 2030 los 17,3 millones de pasajeros, con una previsión que considera moderada, frente otros dos escenarios, uno más pesimista y otro más optimista, en el que incluso llegaría hasta los 21 millones de pasajeros.
Según el estudio del Consejo de Cámaras, ese crecimiento esperado se basa fundamentalmente en el fuerte volumen de turistas en los últimos años y el incremento también de los residentes extranjeros en el área metropolitana de Valencia, que aumentó un 57% desde 2017 y estima que se elevará otro 85% hasta 2037. A ello se suma los 2,7 millones de habitantes actuales de la zona de influencia de la instalación aérea.
El informe considera que con la tendencia actual, el tráfico del aeropuerto de Manises podría alcanzar en 2030 los 17,3 millones de pasajeros, con una previsión que se considera moderada, frente otros dos escenarios, uno más pesimista y otro más optimista, en el que incluso llegaría hasta los 21 millones de pasajeros.
Así, el alza previsto en el estudio se justifica porque en 2022 ya se alcanzó el objetivo previsto para 2026 en el plan del Director y el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) de Aena y del Ministerio, con cuatros años de adelanto. El año pasado la instalación de Manises alcanzó los 9,9 millones de pasajeros y en el primer trimestre crece un 15%, con lo que se espera batir este año de sobra la capacidad máxima.
Coste de la no ampliación
Según los autores del estudio, toda la provincia de Valencia se puede enfrentar a un "coste bastante elevado de la no ampliación". Así, según las proyecciones si no se recibe el incremento de viajeros previstos con esa tendencia alcista, se perderían ingresos de 1.080 millones de euros anuales de media, lógicamente menos en los primeros años. Con la previsión más optimista se situaría en 1.700 millones lo que se dejaría de ingresar de media anual, fundamentalmente por el gasto turístico.
En impacto sobre la renta, la media anual sería de 933,3 millones euros menos durante los próximos siete años. Además, cifra en 17.483 el impacto en empleo tanto directo, indirecto como inducido que supondría esos pasajeros.
Después de la batalla para la nueva terminal del puerto de Valencia y sus retrasos, además de antecedentes como los ocurrido con El Prat en Barcelona, empresarios y administraciones valencianas han formado un frente común para reclamar a Aena y el Gobierno central la ampliación tanto del aeropuerto valenciano, como del de Alicante, en este caso con una segunda pista.
El propio presidente valenciano participó en la presentación del estudio, que agradeció para que "la reclamación tenga rigor", y añadió que la demanda del aeropuerto de Manises "no es un capricho, no son prisas". Según Mazón, "nadie quiere colapsar y no vamos a permitir el estrangulamiento" del aeropuerto y que ante la falta de respuestas claras del Ministerio y de Aena considera que los plazos llevarían a 2040. "La Comunidad Valenciana ha llegado tarde en demasiadas ocasiones, no nos podemos permitir engañar con las fechas", sentenció.
Ayuntamientos en contra
Sin embargo, la ampliación cuenta con numerosos detractores, entre los más destacados el propio Ayuntamiento de Manises en cuyo municipio se ubica y otros vecinos como Quart de Poblet y Xirivella, que se encuentran en plenas rutas de aterrizaje y despegue de los aviones.
Paradójicamente la situación en Valencia podría obligar a las aerolíneas a potenciar el aeropuerto de Castellón, titularidad de la Generalitat Valenciana que ha sido incapaz de entrar en beneficios pese a llevar abierto más de una década y las subvenciones que el Gobierno valenciano abona a las compañías.
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